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Columnas de Opinión
Actores de un drama que se repite
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Fecha: 08 de octubre de 2015
por Richard Vera*

Richard Vera - Periodista del Programa Pichikeche, de la Fundación de Apoyo para la Niñez y sus Derechos ANIDE.
El diario argentino Clarín informó el pasado 25 de septiembre sobre un joven chileno detenido desaparecido: “Misterio en Comodoro Rivadavia. Iván Torres, chileno, fue visto por última vez en 2003, tras ser detenido por la Policía”. 

Según el relato periodístico, a pesar de que han pasado ya doce años, María Millacura, madre del joven, no desmaya en la búsqueda de justicia. “Llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió que se trataba de una desaparición forzada”, señala Clarín. Incluso “consiguió que el Ministerio de Justicia de la Nación elevara a un millón de pesos la recompensa para quien aporte datos para conocer el paradero del joven chileno”. Pero además obtuvo que el proceso se reabriera y en noviembre próximo se iniciará el juicio oral que tendrá en el banquillo de los acusados a 14 policías imputados por la desaparición de Torres. 

El caso tiene una similitud aparentemente extraordinaria con el de José Huenante, “el primer detenido desaparecido de la democracia en Chile”, en un episodio ocurrido hace diez años. Ambos son jóvenes, chilenos, de ancestro indígena, humildes. Y la desaparición de ambos es claramente adjudicable a funcionarios policiales, a  agentes del Estado. 

Lamentablemente, sin embargo, ambos casos se sitúan en un escenario que no tiene nada de excepcional. 

Las circunstancias de vida de Iván Torres Millacura, en Comodoro Rivadavia, Argentina, y de José Huenante, en Puerto Montt, transitan por el mismo camino de la pobreza y la desesperanza que toca seguir a muchas familias indígenas desprendidas de sus raíces ancestrales para enfrentar desde la más absoluta orfandad las condiciones de una sociedad que las discrimina, las ignora y las maltrata.

La violencia excesiva desplegada por la policía contra jóvenes indígenas no es una rareza. Tampoco lo es que la dureza de trato pueda concluir en lesiones graves o incluso en un resultado fatal. Las muertes de Matías Catrileo y de Jaime Mendoza Collío son la prueba. También son prueba de una impunidad que nuestra sociedad no logra superar, a pesar de su reciente pasado, plagado de violencia. 

Es el mismo marco en que, a una escala no muy distinta, se encuentran niños, niñas y adolescentes de comunidades Mapuche afectados por violencia policial en la Región de La Araucanía. La persistencia de esta realidad y la insuficiente respuesta de la justicia motivó la solicitud presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Alianza Territorial Mapuche, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  y  la Fundación ANIDE, para que realice una audiencia temática sobre este tema. La solicitud fue acogida, la audiencia se realizará el 22 de octubre, y en ella serán expuestos algunos de los sucesos más recientes de represión policial contra niños y niñas Mapuche.

El abuso reiterado  y la criminalización de las reivindicaciones sociales del pueblo Mapuche fue también el móvil que llevó a una veintena de comunidades a ocupar la sede de la CONADI, en Temuco el 17 de agosto pasado. El movimiento se prolongó por espacio de tres semanas y concluyó el 7 de septiembre. Por orden del director de la Conadi, Alberto Pizarro Chañilao, un fuerte contingente de Carabineros desalojó con violencia a los ocupantes, con un saldo de 17 hombres, 12 mujeres y 9 niños detenidos. En definitiva, el Gobierno se negó a acceder al diálogo con los dirigentes sobre sus motivos y demandas, en una postura incomprensible que seguirá alimentando el sentimiento de indefensión y de injusticia en que viven las comunidades Mapuche.

* Richard Vera es periodista del Programa Pichikeche, de la Fundación de Apoyo para la Niñez y sus Derechos ANIDE.




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