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A LA ALTURA
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Fecha: 14 de noviembre de 2014
La buena imagen internacional de Chile ante los países de la región se desmorona cual endeble maqueta cuando hablamos de la niñez. 

por Nury Gajardo Diaz*
Nury Gajardo - Vocera de la Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ-Chile)
A días de conmemorarse los 25 años de la creación y firma de la Convención de los Derechos del Niño, por parte de nuestro país las deudas contraídas con el 23 por ciento de la población son injustificables.

Y es que a más de viente años de habernos comprometido como país con los niños y niñas con la ratificación de la Convención en 1990, aún no adaptamos nuestra legislación a la altura de tal compromiso, continuando nuestra relación tutelar en el trato a un sujeto erróneamente considerado “menor”, como un simple beneficiario pasivo.

Nuestra política pública continúa su trato hacia los niños y las niñas desde un lugar jerárquico que limita su opinión y los visualiza sólo y vagamente ante situaciones de vulneración.

Naturalizamos ver a niños mapuche esposados en Tribunales por la televisión, justificándolo al pensar que “algo habrán hecho” y silenciamos frente a situaciones como niñas madres que tras la vivencia de un episodio traumático como lo es una violación, son obligadas a dar a luz el fruto del trauma, olvidando luego a ambos niños (la niña y su bebé) por el resto de su desarrollo.

Sabemos que la demanda y posible promulgación de una Ley de Protección Integral por los Derechos de la Niñez no solucionará los problemas y las múltiples vulneraciones que viven niños, niñas y adolescentes de un día para otro. Pero su importancia radica en que genera las mínimas y “no negociables” relaciones que el Estado debe generar con esta población. Y ello, sí favorecerá el cambio cultural necesario para que todos los niños, las niñas y adolescentes independiente de su condición socioeconómica, cultural, orientación sexual, origen étnico, etc se les respeten sus derechos humanos y se creen los mecanismos para hacerlos exigibles.

Una ley, con institucionalidad y presupuesto adjunto debería generar las bases para promover un Plan de Infancia que genere indicadores que grafiquen el compromiso del Estado en este grupo de la población y que permita el monitoreo y seguimiento para dichos procesos.

Porque generar estos procesos no es un acto de caridad, ni de buena voluntad por parte del Estado, sino una obligación adscrita libremente hace 24 años.

Situaciones de vulneración como las que hemos presenciado deben ser responsablemente reparadas y restituidas en derecho. Ellos y ellas, niñas y niños exigen que estemos a la altura.

* Nury Gajardo Diaz es vocera nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ-Chile). De profesión orientadora familiar, es coordinadora técnica de Corporación La Caleta.





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