BUSCADOR
Columnas de Opinión
Pandemia, Derechos Humanos y rol del Estado en la reparación de niños y niñas
Fuente:
Fecha: 12 de junio de 2020
Por Luis Cortés Olivares* 
Luis Cortés Olivares - Abogado de niños, niñas y adolescentes. Docente DDHH y Minorías.
No son novedad las devastadoras consecuencias de la Pandemia del coronavirus en el mundo. Los números de contagios en Chile se alzan por los 150.000 y los fallecidos ascienden a más de 2.500 personas, estas cifras se combinan con la inseguridad, miedo y sufrimiento de muchas familias, pero en especial de los grupos más vulnerables y vulnerados: los niños, niñas y adolescentes.

El grupo social de la infancia y adolescencia, antes de esta pandemia ya padecía graves vulneraciones a derechos esenciales como la integridad física y psíquica, la salud, educación y otros.  Afectaciones que históricamente no han sido cubiertas, por gobiernos que desestimaron la importancia de frenar las violencias y desigualdades en contra de niños y niñas, renunciando a la reparación integral, sobretodo de mujeres y niñas.

Gobiernos, que silenciosamente abandonaron su rol activo y dejaron a las políticas públicas a favor de los niños y niñas, truncas, vacías, sin garantías y herramientas concretas y fuertes para efectivizar los derechos humanos, en especial el derecho a la reparación, a rehabilitar niños y niñas. Es decir, se ha precarizado y no hay que ir muy lejos para ver cada tanto, informes de los Tribunales de Justicia, de las agencias, universidades, con sendos reportajes que desmenuzan lo feble del sistema de infancia en Chile.

Cuando se habla de derechos, consagrados en Tratados Internacionales y normas nacionales, resaltando características como universalidad, interdependencia e indivisibilidad, entre otras muchas bondades de los derechos. Son las organizaciones, los programas y los diferentes servicios de la política pública de infancia, los que deben hacer cumplir estos derechos humanos o al menos, ser el canal, el ducto en que los grupos puedan expresar sus demandas de reparación de las violencias que han sufrido.

Aquellos programas, que ya han trabajado por mucho tiempo en infancia, desde los años 90 hasta estos días, tendrán que seguir desempeñando sus labores en condiciones de precariedad tal que la rehabilitación y recuperación, prometidas en esos tratados internacionales no serán completas ni menos integrales, a lo que se le suma el contexto de pandemia y sus efectos, como piso en el que deben desarrollar sus funciones. 

El artículo 39 de la Convención de los Derechos del Niño obliga a los Estados a otorgar terapias reparatorias a los niños, niñas y adolescentes en condiciones que promuevan su recuperación en contextos de protección.  Lo mismo ocurre con la Convención Belem Do Pará del año 1994, cuando llama en su artículo 8, a Los Estados Partes en adoptar, progresivamente, medidas especiales, inclusive programas específicos para que la mujer y niña objeto de violencia, tengan acceso a programas eficaces y justos de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social.

¿Cómo podrán seguir realizando labores de reparación y rehabilitación en condiciones de precariedad? La precariedad que subyace en los programas de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que atienden a la infancia y adolescencia vulnerada, cumpliendo función pública, influye directamente en las condiciones materiales de los sujetos de atención. Si se piensa que hoy habrán niños y niñas con síntomas de COVID 19 que deberán ser sujetos de atención psicosocial en esos mismos programas de la oferta pública.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolviendo asuntos relativos al interés superior del niño, en jurisprudencia de 2018 y en cuanto a la rehabilitación teniendo al Estado como sujeto de esta obligación internacional reza: “En este sentido, el Tribunal recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”, y compromete a los Estados a esforzarse “por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”

Profesionales precarizados, inestabilidad laboral, bajos sueldos, redundan en una pésima atención a la infancia, o serán profesionales con menos experiencia los que asuman labores relevantes en las historias de vidas de niños y niñas. ¿Y ahora qué viene? Los mismos profesionales de la psicología, del derecho y del trabajo social, asumirán los efectos devastadores que ha desperdigado esta pandemia, en niños, niñas y adolescentes.  Es decir, con unos mismos recursos, que no han sufrido importantes variaciones, deberán intervenir no sólo para hacerse cargo del hecho vulnerador o del delito, de las violencias domésticas, situaciones de calle, hacinamiento, desinternación, etc. También de lo que ha generado esta tremenda pandemia del coronavirus y sus implicancias de salud física y mental.

Cuando se discute en qué se puede gastar, parece lo más difícil, lo político de la decisión de invertir en infancias y adolescencias que puedan salir adelante de sus padecimientos y de las consecuencias de graves delitos.  Todo junto a profesionales con herramientas necesarias para acompañarles, y a sus familias y adultos responsables en mejorar la calidad de los cuidados, de poder cambiar situaciones y circunstancias por otras más favorables, y así construir y re construir los mundos dañados por las violencias.  El gasto sí que es político, cuestión que se ha podido advertir en estos días.  

¿Cuándo gastar? Invertir en rehabilitar, en sanar y recuperar grupos que tienen altos índices de victimización, es una decisión política que debe adoptarse ahora, no hay más tiempo para seguir evaluando y diagnosticando. La situación es grave porque ya lo era por décadas, hoy es cuando deben destinarse recursos frescos en pos de la mejora de escenarios protectores para los niños y niñas, en especial para los programas públicos y de la sociedad civil que laboran diariamente en condiciones precarias, con la infancia y adolescencia.

El Gobierno ha informado del programa de salud mental “Saludable Mente”, sólo se conoce que se conformará una mesa de expertos y que se fortalecerá la oferta pública en esta materia.  Se desconoce, si esto vendrá a mejorar los servicios e intervenciones que ya se están desarrollando en infancia y adolescencia; si habrá inyección de recursos y, si en definitiva responderá a políticas preventivas que pongan a los sujetos como actores participantes.

Un razonamiento distinto, sería un gran despilfarro de recursos públicos en políticas reactivas, de parche, que no contengan componentes multisectoriales esenciales, sin la opinión de los afectados y dejando de lado a los profesionales que ya, por años, han laborado en salud mental y rehabilitación psicosocial de niños, niñas y adolescentes.

La actual pandemia que azota al mundo y a Chile en especial, invita a la concepción de un Estado Solidario de Derecho, que supere el ideario neoliberal instalado constitucionalmente.  Qué duda cabe que, ante las emergencias y graves situaciones ocurridas, las personas buscan y piden un Estado fuerte hoy, que pueda generar inversión pública, gastando en su gente y con políticas públicas sólidas que partan de los sujetos de atención, con sus necesidades y realidades, lo que incluye por cierto una justicia reparatoria.  Más que dar respuestas asistenciales y soluciones de reacción, se trate de políticas de Estado, que traspasen las ideologías de turno, y no esperar una mano invisible de un mercado que se ha mostrado inhumano y alejado de la realidad social de los afectados, que se acercan a una inminente crisis humanitaria.

* Abogado de niños, niñas y adolescentes. Docente DDHH y Minorías.





Opinión
Luis Cortés Olivares
José Aylwin y Hernando Silva
Campañas
Colaboración
Organismos que nos Apoyan