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A 10 años de José Huenante: Derechos Humanos en Democracia [Opinión]
Fecha: 08 de septiembre de 2015
Diez años han pasado desde la madrugada del 3 de septiembre del 2005. Fue el último momento en que se vio a José Huenante. Tenía 16 años, era oriundo de la X Región, donde vivió y desapareció. Lo último que de él se supo es que fue detenido esa madrugada por funcionarios de Carabineros en la Población Vicuña Mackenna, luego de un procedimiento policial que se desarrolló en el sector, según cuentan testigos. No se supo nunca más de él, por lo que su caso es también conocido como el del primer detenido desaparecido en democracia.

¿Qué ha pasado en estos diez años? El Ministerio Público realizó varias diligencias y condujo una investigación que permitió establecer que todos los posibles responsables de los hechos denunciados eran funcionarios de Carabineros. En virtud de ello y pasando por alto los compromisos internacionales del Estado en esa materia, se remitió la causa a la jurisdicción militar, para que la fiscalía militar se encargara de la conducción de la investigación y de la eventual sanción que de ella se desprendiera; sin perjuicio de ello, se mantuvo abierta la investigación del Ministerio Público.

Ya sabemos que la Justicia Militar no cumple con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia, imparcialidad y debido proceso, razón por la cual Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a su vez varios órganos de Naciones Unidas han recomendado al Estado chileno la modificación sustancial de este régimen de “justicia”; es por ello que no debe sorprendernos que durante todo este tiempo, en el caso de José no se haya llegado a ningún tipo de resultado respecto de los responsables de su desaparición.

Actualmente la fiscalía militar espera sobreseer definitivamente la causa y así dilapidar la investigación, indicando que no habría Carabineros involucrados, a pesar de que ha habido ya sanciones administrativas a varios funcionarios de esta institución por manipular información relacionada con los operativos policiales ocurridos esa noche. El libro que da cuenta de los detenidos fue manipulado y enmendado, restándose un detenido al cómputo original; otro funcionario reconoció haber alterado los registros de los kilómetros recorridos por las patrullas involucradas en el procedimiento. Sin que aún se sepa por qué estos funcionarios lo hicieron y sin que se investigara en profundidad en el proceso de la Justicia Militar.

Hace pocos días en la prensa de la X Región pudimos leer al fiscal jefe de Puerto Montt, Marcello Sambuceti, reafirmando que en las circunstancias en que desapareció José, la Fiscalía tiene la certeza de que solo hay Carabineros involucrados. No civiles.

El Estado de Chile tiene varias obligaciones internacionales que respetar cuando se enfrenta a una posible violación a los derechos humanos, entre ellas están las de investigar adecuadamente los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. En este caso, la primera obligación no se ha cumplido como corresponde, pues la Justicia Militar no cumple con los estándares internacionales, y sin una adecuada investigación no nos podremos acercar a la segunda obligación y mucho menos a la tercera.

José era un adolescente –legalmente, un niño–, huilliche y pobre. Para él y su familia, aún no existe justicia. Y respecto de José el Estado tiene obligaciones internacionales reforzadas, debiendo prestarle un mayor resguardo en atención a su condición de niño y de miembro de un pueblo originario.

Pasada una década de su desaparición y un cuarto de siglo desde el fin del período autoritario, cabe también una nueva interrogación del período y la misma transición, que nos permita mirar el presente. Y es que resulta que la visión de derechos humanos desde la cual se ha concebido la política pública ha funcionado de modo ad hoc a conservar la idea de un enemigo militar y mantener vivo el temor a una regresión autoritaria. Ello también restringe las obligaciones del Estado en relación con los DDHH y la ciudadanía, hasta hoy muy reñidos con la clientelización de determinados grupos y negación de otros.

Una visión de los DDHH emanada desde una visión democrática debe comprender dónde está su impedimento material. En tal sentido han sido las riendas del vigente Estado Subsidiario (diseñado en dictadura pero fortalecido durante los gobiernos de la Concertación) las que han funcionado como tapón material e intelectual al desarrollo democrático. Justicia Militar, financiamiento público al mercado, comisiones asesoras, etc., dan cuenta de que el interés de ampliar la democracia y las ideas fundamentales que la deben sostener tienen escasa cabida en la cancha política vigente. Es crítico trabajar en una noción de Derechos Humanos que supere los casos individuales y clave la bandera de los derechos sociales o derechos colectivos en la política.

La institucionalidad vigente ha tenido margen, mas no disposición de trabajar en interés de resolver el caso de José. El Instituto Nacional de Derechos Humanos detenta, dentro de sus funciones, la de interponer acciones judiciales ante la ocurrencia de ciertos delitos, entre los que se encuentra la desaparición forzada, razón por la cual consideramos que esta institución es la llamada a generar la instancia necesaria para que este caso se investigue y se sancione a los responsables en el marco del delito de una desaparición forzada.

La historia reciente de nuestro país está plagada de detenidos desaparecidos. Algunos casos han logrado obtener algo de justicia, pero hay muchos que no caben. Terminado el período autoritario, esta democracia también ha derramado sangre; y vemos que el caso de José Huenante sigue la misma suerte de los casos de detenidos desaparecidos en dictadura. Como sociedad y Estado, no podemos permitir eso. No es lo mismo una dictadura y una democracia, y en ninguna circunstancia Chile puede seguir manteniendo una política de impunidad.




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