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Niñez en los Medios - Violencia (maltrato, abuso, otros)
Carta abierta a la Bancada por la Infancia Cámara Diputados sobre el suicidio adolescente en Chile
Fecha: 03 de octubre de 2014
Estimado Señor Diputado
Rene Saffirio
Atte:
Bancada por la Infancia Cámara de Diputados, Congreso Nacional de Chile
Comisión de Familia y Comisión de Educación, Congreso Nacional de Chile
Ref: Suicidio Adolescente en Chile e impunidad legal y disciplinaria para titulares docentes que falten al deber de posición garante, falten a la responsabilidad civil contractual y extra contractual y falten a la integridad física y emocional de los menores a su cargo, por falta de una Ley de Derechos y Garantías del Niño y Adolescente y de una Defensoría del Menor en Chile.

Me dirijo a ustedes para expresar mi grave preocupación por el alto índice de suicidio adolescente en Chile, que es el segundo más alto de los países OCDE y es cinco veces superior a la media Latinoamericana; y del cual fue víctima el pasado mes de Abril mi sobrina de 13 años y quien fue además alumna de un Colegio Subvencionado religioso, de reconocido prestigio en la comuna de San Fernando.

Las causas de la alta tasa de suicidio infantil en Chile y de que el 70% por ciento de los niños y adolescentes chilenos reconocen sufrir maltrato en el entorno familiar, se deben principalmente a un retraso de casi 40 años en políticas públicas para la infancia y la adolescencia en Chile y de la falta de una Ley General de Garantías de Derechos para los Niños y Adolescente en Chile, además de una Defensoría del Nino y de una Fiscalía del Menor, con un Policía de Investigaciones especializada en todas las variables que ocurre un maltrato infantil ( físico, sexual y psicológico pasivo & activo), con conocimientos solidos de psicología para estos grupos etarios y en donde los casos de suicidio infantil y de adolescentes sean derivados de ipso facto a una autopsia psicológica completada por un perito psiquiatra forense, con el objetivo de identificar las falencias institucionales, mejorar las políticas públicas con respecto a la protección de la infancia y reducir los riesgos de suicidas infanto-adolescente en el futuro.

Es de dominio público que Chile ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño hace ya casi 24 años, pero no ha sido capaz en todos este tiempo de crear un marco jurídico integral para la infancia y la adolescencia en Chile, y es junto con Cuba el único país Latinoamericano que carece de la figura del Defensor del Pueblo, en donde los ciudadanos tengan el derecho de denunciar ante un Organismo Jurídico Autónomo, la vulneración de la garantías constitucionales.

También, Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que carece de una Defensoría del Menor y que aún mantiene vigente una Ley del Menor con fecha de promulgación de 1967 que es asistencial, patrocinante, y es una mera réplica de la previa ley del Menor de 1928.

Esta carencia de un marco moderno y regulatorio de protección de la Infancia ha traído como consecuencia a que nuestra nación sea el país latinoamericano con el mayor número de menores tutelados por el Estado y el que tiene el mayor índice de mortandad y abuso infantil dentro de las instituciones públicas y privadas bajo régimen de tutela del Estado.

Las causas de ésta grave situación, a mí parecer es muy simple; el Servicio Nacional del Menor creado en 1979, está inmerso en un profunda crisis institucional, presupuestaria y ética y necesita con urgencia reformarse y diversificarse, con el objetivo cubrir la demanda creciente de niños y adolescentes chilenos que son vulnerados en sus derechos y son víctimas de maltrato y abuso infantil y cuya falta de detección e intervención temprana, están terminando en un fin lesivo como es el alto índice de suicidio adolescente en Chile, en donde la Región de O’Higgins ostenta el mayor número de suicidios completados del país, seguido por las regiones de los Lagos, Biobío, Valparaíso y Metropolitana.

Con respecto a esto, quiero remarcar la falta de capacitación de los funcionarios docentes y asistentes de la educación, al momento de detectar, intervenir monitorear, registrar en escrito y derivar potenciales casos de maltrato infantil en el espacio escolar. Esto se debe principalmente a que los manuales del Ministerio de Educación (Mineduc) y del Ministerio de Justicia con respecto a los protocolos de detección e intervención del Maltrato Infantil en el Espacio Escolar, no son de carácter obligatorio y estatutario, sino que son meros imperativos éticos y que dependen netamente del Proyecto Educativo Institucional incorporarlos de forma voluntaria al Consejo Escolar o al Consejo de Buena Convivencia en el caso de los Colegios que reciben subvención del Estado.

El Mineduc por lo tanto, no exige un mínimo estándar de calidad en los protocolos de actuación frente a situaciones de acoso escolar y maltrato infantil en los Colegios, sean estos de naturaleza pública, privada o subvencionada , lo que en la práctica se traduce a que hay Proyectos Educativos Institucionales y Sostenedores de la Educación que invierten más en capacitación docente para la detección del maltrato infantil, implementan protocolos más efectivos de actuación ante situaciones de acoso escolar y maltrato infantil que en otros colegios.Y esta disparidad y heterogeneidad en la calidad de los protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato infantil en el espacio escolar, está conllevando a una forma grave y sistemática de discriminación yvulneración de las garantías constitucionales, de los principios y artículos de la Convención de los Derechos del Nino ratificada por Chile hace casi 24 años atrás y de la Igualdad de Oportunidades de los niños chilenos en la acceso a una educación psicosocial holística y de calidad.

Esta situación es agravada por la Ley de Municipalización de la Enseñanza de 1981, que ha privado de potestad fiscalizadora, sancionadora y legal al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación Escolar, especialmente frente a los grandes conglomerados de la educación tanto laicos como religiosos que reciben subvención del Estado, ya que la exigua fiscalización por parte del Mineduc se reduce prácticamente al control del libro de asistencia de los alumnos y a los resultados de las pruebas SIMCE.

La actual reforma de la Educación en Chile, pretende incrementar el poder fiscalizador del Mineduc con respecto a las subvenciones que reciben los sostenedores de la Educación, pero esto es sólo la punta de un gran iceberg, ya que no debería ser sólo el fin de lucro y del copago lo que esté bajo debate público hoy en día , sino también las graves falencias de los Servicios de Orientación Escolar, Consejos de Buena Convivencia y criterios para concesión de becas de algunos colegios de copagos, debido a una carencia longitudinal, sistemática e institucional de fiscalización por parte del Mineduc y de la Superintendencia de Educación Escolar, como una consecuencia directa de la promulgación de la ley de Educación de 1983.

Como ejemplo de esto es que mi sobrina fue atendida por el Servicio de Orientación Escolar debido a una situación de abandono emocional la cual le afligía. El único registro escrito que dispone el Colegio, es escueto y superficial y evidencia carencia de capacitación en maltrato psicológico pasivo y técnicas de entrevistas con menores bajo una potencial situación de maltrato emocional. Esta situación fue presumiblemente agravada por la carencia de un protocolo de gestión del acoso escolar y maltrato infantil por parte del Colegio en el momento del fallecimiento de mi sobrina y a pesar que hubo muchas reuniones para mejorar la dinámica familiar, no se hizo un registro de seguimiento escrito de la situación, ni se notificó a la familia paterna, ni se derivó la situación de abandono emocional a las oficinas de la OPD del Sename.

Una denuncia por negligencia ha sido interpuesta ante la Superintendencia de Educación Local, pero debido a la carencia de una ley integral de protección de los derechos de la infancia y de la carencia de una ley que obligue a los colegios a tener un protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato infantil, es probable que la denuncia se cierre sin sanción disciplinaria.

Esta carencia de Ley agrava la situación de indefensión legal por parte de las víctimas y familiares y tiende a favorecer la impunidad penal y disciplinaria de los funcionarios docentes que falten al deber de posición garante y de responsabilidad civil extra contractual, presumiblemente por mala praxis debido a la falta de capacitación en maltrato infantil, por pasividad, y falta de diligencia en el actuar y por omisión e inobservancia de los Manuales de Apoyo Docente del Mineduc con respecto a la intervención y detección de situaciones de maltrato infantil en el espacio escolar.

Quiero enfatizar que la pérdida de un ser querido es por naturaleza dolorosa, pero la experiencia del duelo del suicidio de un adolescente es emocionalmente traumática y se convierte en un dolor perenne que dura toda la vida y este duelo se hace más doloroso aun cuando el Estado de Chile no ha sido capaz de promulgar todavía una Ley Integral de Garantías de los Derechos del Nino y del Adolescente, de una Defensoría del Menor y una Fiscalía del Menor; que permita sancionar de forma expresa, todo indicio de maltrato infantil y que además sancione penal y disciplinariamente a los funcionarios públicos que por falta de capacitación, diligencia u omisión, fallen en denunciar o derivar una situación potencial de maltrato infantil.

Espero que esta carta ayude a despertar conciencia pública sobre la gravedad del suicidio adolescente en Chile y permita agilizar la promulgación de la Ley Integral de la Infancia y la Adolescencia en Chile, ya que la indolencia en la promulgación de esta Ley, ha costado la vida de mi sobrina y quizás muchos niños estén en alto riesgo de ideación suicida por una carencia de Ley de Protección de sus Derechos y por una falta de detección e intervención temprana en el espacio escolar, principalmente debido a una carencia de capacitación docente en maltrato infantil, debido a que no existe una ley expresa que les obligue a ello.

Por mi parte, tengo el compromiso ético de preparar una solicitud de petición ante la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, para que investigue la vulneración grave de las garantías constitucionales y de los derechos de los niños en Chile y de la necesidad de presionar al Estado Chileno para que promulgue con carácter de urgencia un marco regulatorio de protección integral para la Infancia y la Adolescencia vulnerada en Chile.

Cordialmente
Myriam Del Canto
Tía paternal de la menor fallecida.
Fuentes Utilizadas











 




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