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La miopía del SENAME
Fecha: 21 de enero de 2015
La violación de los derechos de los niños más vulnerables por parte de las propias instituciones del Estado que deben cautelarlos, ha sido motivo de graves acusaciones que incluso han llegado al Congreso. En esta columna, el equipo que realizó una investigación FONDECYT alerta sobre el cierre de la “la única línea programática encargada de la prevención y promoción de derechos” del SENAME. Son 40 Programas de Prevención Comunitaria (PPC), en los que se despliega un trabajo territorial con muchos años de experiencia en estrategias de intervención comunitaria y que destacan por sobre el resto de la oferta “reparatoria” del SENAME.
La miopía es una condición hereditaria que se presenta cuando la luz que entra al ojo se enfoca de manera incorrecta, haciendo que los objetos distantes aparezcan borrosos. Por tanto, cuando estamos ante una institución miope, ésta presenta dificultades para enfocar bien los objetos lejanos, lo que provoca déficit de agudeza visual y puede conducir estrabismo e incomodidad.

Son múltiples las razones que nos permiten sostener que el Servicio Nacional de Menores (SENAME) es una institución miope, que no logra mirar más allá del corto plazo, por lo que no nos sorprende que cada cierto tiempo, sea foco de contundentes críticas. Éstas ponen en evidencia graves problemas, siendo los más graves aquellos que se relacionan con la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes. Es decir, producto de la miopía que la afecta, una institución encargada de interrumpir y restituir derechos termina vulnerándolos.

Esta vez la causa de estas críticas radica en que este mismo servicio ha decidido, sin razones suficientes, cerrar la única línea programática encargada de la prevención y la promoción de derechos, que para ser honestos, debería constituir una política universal, que opere sin distinción, evitando la focalización en aquellos “más vulnerables”.

Se trata de 40 Programas de Prevención Comunitaria (PPC) distribuidos en distintas regiones del país (aunque mayoritariamente presentes en la Región Metropolitana), que despliegan un trabajo territorial, acumulando años de trayectoria en el desarrollo de estrategias de intervención comunitaria. Es precisamente en este ámbito que el programa se destaca por sobre el resto de la oferta “reparatoria” del SENAME.

Y fue precisamente su dimensión de acción comunitaria lo que llamó la atención del equipo de investigación que ahora se ve interpelado a escribir esta columna. Nos preocupa e inquieta fuertemente el cierre de estos programas, pues como parte de los casos estudiados recientemente en un proyecto de investigación FONDECYT -cuyos resultados han sido publicados en diversas revistas científicas nacionales e internacionales-, pudimos constatar lo interesante que resulta la actuación del componente comunitario para el desarrollo de condiciones que permitan que niños, niñas y adolescentes se vinculen con un entorno de mayor protección y que asegure un bienestar que años de políticas cortoplacistas y estandarizadas no lograron instalar.

Con este escenario (PPC cerrados sin razón aparente), la política preventiva del SENAME sólo se canalizaría a través del área intersectorial de las Oficina de Protección de Derechos (OPD), que constituye una línea programática debilitada y que está expuesta a graves instrumentalizaciones políticas, pues los municipios suelen recurrir a sus equipos territoriales para distintos fines, algunos de ellos vinculados, por ejemplo, a propósitos electorales. Es justamente este hecho el que ha sido reportado en otra investigación previa llevada a cabo por este mismo equipo, donde estudiamos la dimensión ética que se pone en juego al momento de desarrollar intervenciones comunitarias.

Llama la atención que las decisiones que generan efectos en la vida de niños y niñas de sectores vulnerados en nuestro país, no consideren evidencia acumulada por investigaciones que han sido financiadas por el mismo Estado que, ahora, cierra un programa insustituible. Se descartan así, aprendizajes provenientes de más de 15 años de implementación por parte de ONG’s que han dedicado su vida a la promoción y defensa de los derechos humanos.

Muestra de ello es lo que en palabras de una participante se destaca como aprendizaje: “Cuando yo llegué aquí era como un pollito… No hablaba con nadie… y aquí empecé a conocer gente… Entonces me empecé como a desenvolver, a activarme más, a hacer cosas , a hacerme escuchar también. Y así seguí… hasta que me metí a vocería, estuve en teatro, viajé a diferentes regiones… Fue súper importante para mí porque siempre me mantenía activa, y me ayudaba a mi misma a sacar ideas… Porque uno tiene que aprender a desenvolverse, a dar la opinión sin vergüenza…”

Esta situación se agrava aún más si consideremos como se han desarrollado las políticas públicas de infancia en los últimos años, y las falencias que aún mantiene Chile en materia de derechos de infancia. Sigue pendiente la promulgación de una ley de protección que mejore la institucionalidad y haga efectivo el ejercicio de los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en el país, permitiendo un desarrollo político y legal acorde a los estándares internacionales que tanto se referencian cuando la clase política, hoy indiferente en estas materias, discute respecto al crecimiento económico, prioridad en la agenda desde hace décadas.

(*)Equipo de Investigación FONDECYT Nº113638





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