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Niñez en los Medios - Educación
[opinión] La invisibilizada infancia en la Reforma Educacional
Fecha: 01 de abril de 2015
Siendo la infancia un actor clave en la educación, su papel ha sido poco claro en esta Reforma Educacional, aún no sabemos si finalmente la educación será vista solo como una etapa de formación intensiva que prepara a las niñas y los niños para su vida futura (mirada adultocéntrica) o, por el contrario, si el nuevo modelo de educación los verá como sujetos de derechos y actores centrales de un proceso de desarrollo integral que ya están viviendo en el presente (mirada protagónica) y, por lo tanto, desde este enfoque, también deberían participar del debate público que se está dando hoy en día sobre esta cuestión.

En enero recién pasado se aprobó en el Congreso de la República de Chile el Proyecto de Ley de Inclusión Escolar que propone tres importantes medidas en el marco de la actual Reforma Educacional. No olvidemos que esta Reforma Educacional surge como una respuesta política a las demandas sociales planteadas por el Movimiento Estudiantil durante los años 2011 y 2012, que exigía una educación pública, gratuita, de calidad y que fuera avalada por el Estado como un derecho y no como un bien de consumo. Cabe decir que en el Movimiento Estudiantil participaron activamente estudiantes adolescentes y jóvenes, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes tuvieron el reconocido mérito de instalar este tema como una prioridad país.

En este escenario, observamos que los principales actores de la Reforma Educacional han sido, por un lado, adolescentes y jóvenes participantes protagónicos del Movimiento Estudiantil y, por otro, las instituciones del Estado que están liderando este asunto, las organizaciones gremiales y de la sociedad civil (los llamados grupos de interés) y, en menor medida, las familias. Si bien el Ministerio de Educación ha establecido un Plan Nacional de Participación Ciudadana a través de canales formales donde se podrá oír la opinión de todos los actores, estas iniciativas están organizadas según qué actor vaya a participar. Habrá Diálogos Ciudadanos, donde podrán participar todas las personas interesadas; Diálogos Temáticos, donde podrán debatir estudiantes, comunidades escolares, universitarias, representantes políticos, pueblos indígenas, migrantes, personas con capacidades especiales, gremios, sindicatos, apoderados; y Diálogos Técnicos donde presentarán sus propuestas académicos, centros de estudios, organizaciones y expertos. Queda pendiente que el Ministerio de Educación informe públicamente sobre los mecanismos concretos y más idóneos que se facilitaron para que las niñas y los niños también participaran y se tomaran en cuenta sus opiniones en el diseño e implementación de la Reforma Educacional, tal como lo establece el Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño.

Si analizamos a grandes rasgos el mencionado Proyecto de Ley de Inclusión Escolar vemos que aborda tres aspectos fundamentales de la demanda ciudadana, pero el actor central que parece latente en cada uno de ellos no siempre es la infancia:

1. Fin al lucro: Se crea una serie de estrategias administrativas y legales para certificar efectivamente que las personas naturales o los “sostenedores” que administran establecimientos educacionales y reciben aportes del Estado sean organismos sin fines de lucro. Es decir, se evitará el enriquecimiento privado con dineros públicos. Aquí, el actor central está compuesto por las entidades que administran establecimientos educacionales, ya que deberán cumplir con mayores requisitos para percibir dineros públicos. Si el Estado es capaz de realizar efectivamente esta fiscalización, a la larga, las niñas y los niños más pobres de Chile –que son quienes más asisten a este tipo de establecimientos en la actualidad– se verán beneficiados, porque los colegios dispondrán de más recursos económicos que deberán ser reinvertidos obligatoriamente en el propio proceso educativo.

2. Fin del copago: Se instaura la eliminación gradual del financiamiento compartido, es decir, se prohibirá el pago regular por parte de las familias a los colegios particulares subvencionados donde estudian sus hijas e hijos, ya que todos los establecimientos serán gratuitos (excepto los particulares pagados). Aquí, se observan dos actores principales, por un lado, las entidades administradoras de colegios que no podrán cobrar copago y las familias, que hasta ahora, se veían presionadas para pagar mensualidades. Sabido es que existe un largo debate –que está lejos de resolverse– sobre la pertinencia de la gratuidad en la educación; ahora bien, si lo analizamos desde el punto de vista de las familias que viven en situación de exclusión, es evidente que se beneficiarán directamente de esta disposición, porque no tendrán que pagar. Si la educación gratuita logra ser verdaderamente de calidad, sin duda, será una medida que impactará positivamente en el presente de las niñas y los niños, porque será un alivio para el presupuesto familiar y, además, facilitará un desarrollo infantil integral y, también, en el futuro, porque promoverá efectivamente la igualdad de oportunidades.

3.Fin de la selección: El Ministerio de Educación propondrá gradualmente a los establecimientos educacionales un nuevo procedimiento de admisión de estudiantes; estos mecanismos garantizarán transparencia, inclusión social y no discriminación; en este proceso de selección de colegios se priorizarán las preferencias que tengan las madres, los padres o personas adultas responsables de las niñas y los niños. Por ejemplo, los colegios particulares subvencionados ya no podrán seleccionar por criterios socioeconómicos familiares o de rendimiento escolar de la o el estudiante y los llamados “emblemáticos” (públicos, con alto rendimiento educativo) solo podrán seleccionar al 30% de sus estudiantes. Aquí, nuevamente el actor central es la familia. Por un lado, las niñas y los niños se verán beneficiados con esta medida, ya que no se les podrá discriminar a ellas y ellos en función del nivel socioeconómico familiar, pero, por otro lado, los valores y las creencias de las madres, los padres o personas adultas responsables primarán por sobre los infantiles, a la hora de elegir un determinado Proyecto Educativo.

Este último punto es de vital importancia dentro del debate de la Reforma Educacional, ya que de modo informal se ha oído que algunas madres y padres han manifestado abiertamente su rechazo a esta medida de evitar la selección escolar, porque valoran relacionarse con personas socialmente similares. En otras palabras, hay familias que no quieren que sus hijas e hijos “se mezclen” con hijas e hijos de personas “delincuentes” (sic), inmigrantes o de un nivel socioeconómico distinto del propio, sin consultar o sin comunicar la visión que tienen las niñas y los niños sobre la posibilidad de compartir el aula con otras niñas y niños que viven situaciones de vida distintas de la propia.

Entonces, valdría la pena preguntarse de qué forma el Estado chileno considerará la opinión de las propias niñas y los niños, por ejemplo, en el proceso de selección de un establecimiento educacional, incluso si es contradictoria o crítica con la visión de sus familias y cómo o con qué criterios se resolverían estos conflictos generacionales y qué preferencias primarían. En la situación antes descrita serían las propias familias las que estarían discriminando informalmente a otras niñas y otros niños por las condiciones de vida de sus familias, obstaculizando que sus hijas e hijos conozcan, compartan y aprendan a valorar la diversidad, el respeto y la inclusión en la experiencia escolar cotidiana. Mirar la Reforma Educacional desde la infancia permite reflexionar sobre el sentido profundo de la educación desde un enfoque de la ciudadanía, comprendiendo que la educación no es solo una obligación o un cúmulo de conocimientos, sino, y esencialmente, es un derecho.

* Iskra Pávez es Dra. en Sociología y Trabajadora Social, Investigadora del Observatorio Regional de Paz y Seguridad (ORPAS) de la Universidad Bernardo O’Higgins.




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