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Erradicar la violencia infantil y adolescente: un largo camino por recorrer
Fuente: Aldeas Infantiles SOS/ MMI-Chile
Fecha: 11 de diciembre de 2014
La violencia como causa de la pérdida de cuidados parentales y del acogimiento en modalidades de cuidados alternativos fue el tema tratado por el Movimiento Mundial por la Infancia y Aldeas Infantiles Internacional, con motivo de la Reunión de Expertos sobre la Violencia contra los Niños y Niñas y Cuidado alternativo que se realizó en Brasilia (Brasil), previo al II Foro Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y el XXI Congreso Panamericano que lleva el mismo nombre. 

América Latina y el Caribe, con una población de más de 190 millones de personas menores de 18 años, es una de las regiones más desiguales del mundo, siendo además la que posee los mayores índices de violencia, que afectan sobre todo a mujeres, niños, niñas y adolescentes, en el ámbito del hogar y la familia. Al respecto, una respuesta frecuentemente utilizada por los sistemas de protección frente al problema de la violencia en estas esferas, es la separación de las familias y el acogimiento en una institución de residencias. 

Con relación a nuestro país, la información disponible permite corroborar esta realidad. Una de las principales causas de la institucionalización de niños y niñas responde a situaciones de violencia, maltrato y abuso sexual. Pese a ello, en datos más estadísticos las negligencias de los padres o del padre/madre a cargo ocupan un 40 por ciento de las causas, el maltrato un 32 por ciento y los casos de abuso sexual a un 8 por ciento. Con todo, agrupando los casos de “maltrato o peligro” y “víctima de abuso sexual”, en la categoría más amplia de “maltrato”, se informa que esta causal alcanzaría 39,1 puntos porcentuales, lo que la sitúa al mismo nivel de la negligencia.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, reconocen como un derecho fundamental, la protección de los niños, niñas y adolescentes contra todas las formas de violencia. Con este propósito, los países tienen la obligación de contar con legislación apropiada y un sistema integral de protección de derechos. Sin embargo, en la práctica los marcos normativos cuentan con procedimientos y medidas aisladas que resultan insuficientes para prevenir y combatir la violencia contra la niñez.

Compartiendo este diagnóstico, en agosto recién pasado, los senadores Carolina Goic, Lily Pérez, Francisco Chahuán, Juan Pablo Letelier y Patricio Walker, presentaron un proyecto de ley que pretende modificar el Código Civil y prohibir el castigo corporal y toda forma de trato humillante o degradante que los padres, profesores o adultos a cargo de los niños y niñas pueden aplicarles, bajo la llamada “Ley coscorrón”. Según, lo que señala el proyecto de ley,  “queda prohibido a los padres o responsables y a toda persona encargada del cuidado, educación, tratamiento o vigilancia, en forma temporal o permanente de niños, niñas y adolescentes, utilizar el castigo corporal o cualquier tipo de trato humillante, cruel o degradante, como método de disciplina y corrección de ellos”. 

Muchas veces los padres o adultos al cuidado de niños y niñas desconocen otras formas de resolución de conflictos que resultan efectivas, sin incurrir en actos violentos. Por ese motivo, finalmente acaban recurriendo a la fórmula del “coscorrón”, utilizada muchas veces en su propia crianza. La contravención a lo dispuesto precedentemente, podrá dar lugar, previa declaración judicial, a la pérdida del cuidado, la tuición o de la patria potestad, según corresponda, todo ello, sin perjuicio de las demás medidas de protección judiciales o administrativas que corresponda aplicar a la autoridad competente. La iniciativa no es antojadiza, sino que se sustenta en cifras de la Unicef, que revelan que un 71 por ciento de los niños, niñas y adolescentes, son víctimas de la violencia por parte de sus padres.

En este escenario, nuestro país y la región presentan diversos desafíos y consideraciones a tener en cuenta. Uno de ellos, apunta al fortalecimiento de las familias en sus funciones parentales, entendiendo que este núcleo representa el entorno natural para el crecimiento y bienestar de los niños, teniendo así la mayor capacidad para protegerles y proveer lo necesario para su seguridad física y emocional. Otro, a la prevención de la violencia como forma de evitar la pérdida del cuidado parental y otro, a la necesidad de contar con dispositivos idóneos y especializados para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de distintas formas de violencia. 

En particular, se identificó que una vez que los niños son acogidos en las instituciones no es usual el trabajo con las familias y el diseño de una estrategia de restitución de derechos posterior a la medida de acogimiento referida. Esta circunstancia es especialmente preocupante en los casos en los que las legislaciones no establecieron plazos para la vigencia de este tipo de medidas y cuando no se está siguiendo ningún proceso judicial en contra de los agresores que originaron la medida.

Por otra parte, en el encuentro de expertos se relevó la ausencia de una perspectiva de género en la legislación de protección a la infancia. No obstante que el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido expresamente la existencia de un deber especial de debida diligencia en la prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia, incluidas las niñas. Al respecto, se señala que las asimetrías de poder generadas en los contextos de violencia, se incrementan, cuando se trata de niñas y las adolescentes, especialmente, cuando se trata de violencia sexual.

La reflexión final estuvo dirigida a que los Estados a través de sus sistemas de protección aseguren una respuesta integral y con perspectiva de género, a las situaciones de violencia que viven millones de niñas, niños y adolescentes en la región, debiendo priorizar tanto acciones de prevención como de restitución y protección efectiva de sus derechos, desde un enfoque de derechos humanos.





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