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Fin de programa revela precariedad y vulneración de derechos laborales en ONGs
Fuente: Comunicado/ Foco Social
Fecha: 15 de enero de 2015
"Atrapados en una relación perversa con el Estado", ese sería el origen de una crisis que se viene evidenciando hace un par de años en las ONGs. Esto, según las y los trabajadores de la ONG Paicabí, que expusieron vulneración a sus derechos y prácticas antisindicales.

A través de un comunicado público tras el cierre del Centro de Acogida "Antú" de ONG Paicabí, sus trabajadores y trabajadoras denunciaron serias vulneraciones de sus derechos laborales.

Junto a esto, señalaron que la precariedad en el trabajo social de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) está determinado por el tipo de vinculación con el Estado, "que, en sus prácticas concretas y cotidianas, ha devenido burocrático-autoritario y funcional a intereses neoliberales".

Asimismo, enfatizaron en que también es responsabilidad de estas "empresas sociales" ser consecuentes en su acción.

"Si estas organizaciones no logran hacerse cargo de generar las condiciones básicas que garanticen el  respeto a los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, menos aún podrán abordar adecuadamente la desafiante tarea a la que están principalmente llamadas", concluyen los trabajadores de Antú en su comunicado.

Finalmente, hicieron un llamado a los trabajadores y trabajadoras del “área social” a fortalecer sus organizaciones sindicales.

El Centro Antú era un Centro de Acogida ubicado en Valparaíso que atendía niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.



A continuación reproducimos el comunicado:

Valparaíso, enero de 2015.-
 
 
DECLARACIÓN PÚBLICA
EN RELACIÓN CON EL CIERRE DEL “CENTRO ANTÚ” DE LA CORPORACIÓN PAICABÍ
 
 
Desde que tras el fin de la dictadura, en Chile se restableciera el régimen republicano, la paulatina modificación de las condiciones políticas y sociales que originariamente definieron el espíritu y el quehacer de las antiguas Organizaciones No Gubernamentales (las “ONG”), ha determinado que de manera progresiva muchas de éstas se hayan venido transfigurando en meras empresas sociales, y sus otrora “carismáticos” líderes en sus gerentes, atrapados así en una relación perversa con el Estado que, en sus prácticas concretas y cotidianas, ha devenido burocrático-autoritario y funcional a intereses neoliberales. En lo que atañe específicamente a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de estas empresas sociales, esa perversa relación se ha hecho manifiesta, especialmente, en la delegación de responsabilidades que recíprocamente se suelen atribuir los organismos estatales y los gerentes de las referidas empresas, cuando deben responder a los trabajadores y a las trabajadoras, tanto por las variadas irregularidades que usualmente se verifican en la formalidad de sus vínculos contractuales, como por las condiciones de vulnerabilidad y precariedad en las que con frecuencia deben desarrollar sus labores.
 
En ese contexto, durante los últimos dos años, la irrupción virtualmente simultánea de varios sindicatos pertenecientes a empresas de la denominada “área social”, resulta sintomática respecto de la creciente toma de conciencia por parte de los  trabajadores y las trabajadoras en torno a la necesidad de organizarse para dar fuerza en los hechos a la legítima e irrenunciable aspiración de acceder al pleno ejercicio y goce de sus derechos laborales.
 
Sin embargo, desde su surgimiento estas iniciativas de organización sindical han evidenciado la disposición reaccionaria de las contrapartes patronales, representadas con frecuencia por personajes que alguna vez –más noblemente inspirados– participaron de la formación originaria de las ONG, pero que frágiles frente a la tentación de desarrollar y ocupar aunque fuera un mediocre nicho de poder para sí, han terminado por traicionar con sus prácticas los valores que pretendían suscribir, transmutándolos en una mera retórica vacía, desprovista de una genuina intencionalidad política de transformación social.
 
En relación con ello, cabe consignar que a principios del mes de agosto del año recién pasado, se tuvo noticia de los graves conflictos que tuvieron que enfrentar ante sus respectivos empleadores, los trabajadores y las trabajadoras de los sindicatos de la Corporación SEDEJ y de la Fundación Beata Laura Vicuña, quienes, en uno y otro caso, fueron finalmente empujados a adoptar la medida de la huelga legal, ante las resistencias y los subterfugios desplegados por los directorios de esas empresas para evitar involucrarse en procesos de negociación colectiva.
 
Paralelamente, una práctica antisindical más burda, pero al mismo tiempo más violenta y drástica parece empezar a reiterarse y a generar una tendencia: la persecución laboral directa hacia aquellos grupos de trabajadores y trabajadoras que han liderado la formación de sindicatos, por la vía de desmantelar los Programas en los que trabajan. Un primer antecedente de esto tuvo lugar a mediados de 2013, cuando el equipo del ex Programa de Intervención Breve (PIB) de Villa Alemana perteneciente a la Corporación SERPAJ fuera informado por el gerente de esa empresa acerca de la determinación de no participar en la licitación que posibilitaría la continuidad del Programa, debido a la presunta disposición refractaria de los miembros del equipo en relación con los lineamientos administrativos de la empresa. Tras el eufemismo planteado como motivo de la decisión comunicada, no había otra cosa que la voluntad de desvincular de la empresa a aquel equipo cuyos miembros, en conjunto con los del equipo del PIB Limache, habían gestado en diciembre de 2012 el primer Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de esa institución.
 
De manera homóloga, a fines del mes de agosto de 2014, la directiva de la Corporación Paicabí comunicó a los trabajadores y las trabajadoras del Centro Antú, la decisión de no participar del último proceso de licitación ante el SENAME que hubiera posibilitado su continuidad. Dicha resolución se habría adoptado en función de la presunta inviabilidad económica del Programa ante “nuevos” requerimientos técnicos, administrativos y financieros del SENAME. De esta forma, el pasado 14 de noviembre de 2014, tras diez años de funcionamiento, cerró sus puertas el emblemático Centro Antú, pese a mantener siempre e invariablemente una muy favorable evaluación técnica y gozar de un amplio reconocimiento a nivel regional y nacional.
 
Sin embargo, las condiciones planteadas en el nuevo proceso de licitación del SENAME en la práctica no eran ni más ni menos adversas que aquellas en las que funcionara el Centro Antú desde que rige la ley de subvenciones. Lo cierto es que los motivos que determinaron el cierre del Centro Antú comenzaron a desencadenarse en junio de 2013, fecha en la que concluyó un proceso que, inicialmente liderado por sólo siete trabajadores y trabajadoras –de los cuales cinco pertenecían al Centro Antú– dio lugar a la masiva constitución, con casi cincuenta adherentes, del primer Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Paicabí.  Se comenzaron a producir a partir de ese momento una serie de situaciones que generaron una creciente tensión entre la directiva de la empresa Paicabí y la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del Centro Antú, lo que pronto derivó en diversas formas de vulneración de derechos y maltrato laboral hacia estos últimos.   
 
En efecto, en el contexto de una sostenida resistencia inicial a generar un espacio de reconocimiento formal del nuevo Sindicato, a partir de julio de 2013 la directiva de la empresa Paicabí se involucró en una impertinente acción de cuestionamiento e injerencia en relación con actividades públicas de interés privado desarrolladas por tres profesionales del Centro Antú en horarios y espacios ajenos a su trabajo en la empresa, sobre la base de que la acción de tales personas presuntamente afectaría sus intereses corporativos. A fines de noviembre del mismo año, lejos de enmendar su inadecuado proceder, la directiva de Paicabí difundió entre sus empleados la propuesta de un protocolo (impropiamente denominado “Marco Ético”) destinado a regular la conducta sus trabajadores no sólo dentro sino que también fuera de sus horarios y lugares de trabajo, en lo concerniente a ámbitos temáticos que considerara sensibles para sus intereses. Se volvía a aludir así a la situación que había involucrado a los tres profesionales del Centro Antú, dejándolos nuevamente expuestos al escrutinio público al interior de la empresa.  
 
Como consecuencia de lo anterior, a raíz de una resolución adoptada  por la Inspección del Trabajo frente a la denuncia presentada por una de las profesionales que más directamente se viera expuesta a las situaciones de maltrato, la empresa Paicabí se vio forzada a desarrollar un conjunto de acciones de reparación, entre la cuales destacó la difusión pública de una nota de disculpas a la referida trabajadora. Pese a ello, cuando en noviembre pasado el Sindicato presentó una nueva denuncia contra la empresa Paicabí, al constituir la decisión de cerrar el Centro Antú, por sí misma, una práctica antisindical, los directivos de la empresa buscaron exculparse argumentando desconocer el hecho que la casi totalidad de los miembros del equipo del Centro Antú se encontraban sindicalizados. Sin embargo, consta plenamente a estos últimos que aquel presunto desconocimiento por parte de los directivos de Paicabí es absolutamente falso y que, en consecuencia, simplemente mintieron.
 
Más allá de las anecdóticas contingencias de sus particulares protagonistas, las situaciones de vulneración de derechos y maltrato laboral que públicamente aquí denunciamos, resultan una muestra expresiva del grave deterioro que actualmente experimentan las bases morales y sociopolíticas que sustentan el quehacer de muchas de las organizaciones de la sociedad civil encargadas de desarrollar acciones que contribuyan a restituir los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que con mayor rigor sufren el impacto de la consolidación del modelo neoliberal en nuestro país, especialmente si se trata de niños, niñas y adolescentes. Si estas organizaciones no logran hacerse cargo de generar las condiciones básicas que garanticen el  respeto a los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, menos aún podrán abordar adecuadamente la desafiante tarea a la que están principalmente llamadas. Frente a ello no cabe sino exhortar, una vez más, a los trabajadores y trabajadoras del “área social” a perseverar sin descanso en los esfuerzos destinados a multiplicar y fortalecer las organizaciones sindicales en sus  empresas.
 
¡¡¡ Detengamos hoy las prácticas antisindicales!!! BASTA DE MALTRATO, BASTA DE ABUSO DE PODER
 
PROFESIONALES EQUIPO ANTU 
 
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CITAS - VALPARAISO (Coordinación Interregional de Trabajadores del Area Social)
Somos un grupo de Trabajadoras/es de distintas disciplinas que se desempeñan en el Area Social, quienes declaramos nuestra apuesta política por ser parte de los diversos niveles que comprende la política pública en el área social, consideramos determinante colaborar en la conformación de un ámbito laboral en donde la participación sea sistemática en el diseño, ejecución y evaluación de nuestras acciones, las cuales no se encuentran asociadas a un modelo económico que discrimina sino que orienta nuestra fuerza de trabajo hacia la construcción de una sociedad mas justa, con un mayor nivel de igualdad y acceso.

http://www.facebook.com/coordinacioninterregionaltrabajadoresdelareasocial
 




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