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Experto de la ONU pide a Chile eliminar los “vestigios de la dictadura” que aún afectan la libertad de reunión pacífica
Fuente: Acnudh/ Foco Social
Fecha: 30 de septiembre de 2015
El uso excesivo de la fuerza policial en el contexto de las protestas del pueblo Mapuche, "en total indiferencia al hecho que había niños en el lugar"; y las denuncias de acoso sexual hacia "manifestantes mujeres estudiantes y Mapuches detenidas durante protestas", fueron algunas de las preocupaciones que expuso el Relator sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kia, al finalizar su misión oficial en Chile.

Relator Especial de las Naciones Unidas, Maina Kiai. (Foto: Pamela Sepúlveda/ Foco Social)
El Relator Especial de las Naciones Unidas, Maina Kiai, instó hoy al Gobierno de Chile a eliminar “los vestigios de la dictadura” que van en detrimento de la libertad de reunión pacífica en el país, y a continuar con las reformas para que el país pueda “ocupar el lugar que le corresponde como un líder mundial en los derechos humanos”.

“Chile ha logrado grandes avances desde su retorno a la democracia hace 25 años”, dijo el Sr. Kiai al final de la primera visita* al país de un experto independiente encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de promover la realización de los derechos de la libertad de reunión pacífica y de asociación de todo el mundo.

“Sin embargo, aún persisten vestigios de antaño que no tienen cabida en el Chile de hoy”, señaló. “El fantasma de esa época acecha especialmente al sector de la seguridad, principalmente Carabineros de Chile —y específicamente las Fuerzas Especiales— en su función de custodiar los conflictos sociales y manifestaciones”.

El relator expresó su preocupación sobre el manejo en la práctica de las protestas. Durante su visita, recibió información de numerosos y variados ejemplos de violaciones cometidas por la policía durante protestas, incluyendo la fuerza excesiva y ​​el acoso contra activistas.

Un ejemplo particularmente preocupante, expresó, es el de Nelson Quichillao, un trabajador minero muerto en julio de 2015 por un disparo de las Fuerzas Especiales en El Salvador durante una protesta laboral. Las autoridades sostienen que la protesta no era totalmente pacífica. Sin embargo, el Sr. Kiai resaltó que “los individuos conservan en todo momento sus derechos a la vida y a la integridad física, aun si se tornan violentos durante las protestas, y es deber del Estado salvaguardar estos derechos”.

También recordó un caso de septiembre de 2015, cuando la policía utilizó fuerza excesiva para desalojar la ocupación pacífica de un edificio del gobierno por parte de activistas indígenas mapuches en Temuco, quienes protestaban contra lo que consideran injusticias respecto al derecho a la tierra.

Se trató del desalojo de la ocupación de la CONADI en Temuco, donde "la operación de las Fuerzas Especiales para desalojar la ocupación fue excesiva y en total indiferencia al hecho que había niños en el lugar", puntualizó el Relator.

"También fui alertado acerca de una cantidad de casos que involucran denuncias de acoso sexual en contra de manifestantes mujeres estudiantes y Mapuches detenidas durante protestas. Encuentro estas denuncias profundamente preocupantes. Tomo nota de la respuesta de las autoridades a estas denuncias permitiendo al INDH monitorear las instalaciones de detención. Aguardo con interés una respuesta similar en la determinación de responsabilidades de los victimarios", expuso Maina Kiai.

El Sr. Kiai llamó la atención sobre múltiples relatos -tanto de la sociedad civil como del Gobierno- de que “agentes provocadores” con frecuencia irrumpen en protestas pacíficas de estudiantes y trabajadores, causando violencia y daños a la propiedad. Las autoridades luego utilizan esta disrupción para justificar un mayor de la fuerza contra todos los manifestantes.

“La presencia de unas pocas personas que cometen actos de violencia dentro y alrededor de una protesta no autoriza a Carabineros para etiquetar como violenta a la manifestación completa. Más bien, estos elementos violentos se deberían aislar de la protesta y ser tratados acorde al estado de derecho”, indicó.

“De hecho, el fracaso persistente en lidiar con estas pocas personas violentas plantea dudas acerca de las razones de la inacción de parte de Carabineros debido a que estos manifestantes violentos perjudican la imagen y la eficacia de las manifestaciones públicas”, afirmó el experto.

El experto independiente también destacó diversas áreas del marco legal de Chile que necesitan una reforma urgente, incluyendo las regulaciones sobre la autorización de reuniones pacíficas. Si bien la Constitución de Chile reconoce el derecho a la libertad de reunión pacífica, su ejercicio se encuentra indebidamente restringido por el Decreto Supremo 1086 (1983), el cual permite a funcionarios locales impedir o disolver las manifestaciones que no hayan sido previamente permitidas por las autoridades.

“Las mejores prácticas dictaminan que el Estado puede, a lo sumo, requerir una notificación previa de las manifestaciones pacíficas, no su autorización”, dijo el Sr. Kiai, instando al Gobierno de Chile a derogar el Decreto Supremo 1086 lo antes posible.

El Relator Especial expresó su preocupación por el uso de controles de identidad por la policía, una práctica que pronto podría consagrarse como ley. Dijo que la práctica de detener a personas al azar – sin evidencia concreta de un crimen – tiene el potencial de aplacar el ejercicio del derecho de reunión pacífica.

También expresó su preocupación por el uso de tribunales militares para juzgar a policías acusados ​​de violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones, haciendo hincapié en que juzgar a la policía bajo un sistema de justicia separado fomenta la impunidad. Instó al Gobierno a emprender “una reforma integral” de este sistema con “suma urgencia”.

El Sr. Kiai encontró menos problemas graves en materia de protección del derecho a la libertad sindical en Chile, y elogió al Estado por sus esfuerzos para defender este derecho. Sin embargo, urgió a las autoridades a hacer más para promover los derechos de asociación, incluyendo potenciar su apoyo y recursos para la sociedad civil, y otorgando más valor a las contribuciones de la sociedad civil en las decisiones políticas.

“Me resulta claro que el Gobierno valora las contribuciones del sector privado a la economía y la política”, dijo. “Pero no es tan obvio que valore de igual modo las asociaciones de la sociedad civil, incluyendo los sindicatos”.

Durante su visita de 10 días, el Sr. Kiai se reunió con funcionarios del Estado, integrantes del Poder Judicial y del Parlamento, miembros de la sociedad civil y la comunidad diplomática. Su misión incluyó visitas a Santiago, Temuco, Copiapó, El Salvador y Valparaíso.

El Relator Especial presentará un informe final sobre su visita durante la 32a sesión del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2016.

La tarde de este miércoles, el Relator se reunión con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en el Salón de Audiencias del Palacio de La Moneda.
 
En la cita estuvieron presentes el Oficial Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillaume Pfeiffle; la asistente externa, Waruguru Kaguongo y el oficial de comunicaciones, Jeff Weiss.










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Luis Cortés Olivares
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