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Estudio a Ley Penal Adolescente da cuenta de Carencias del Sistema
Fecha: 28 de octubre de 2015
El informe, elaborado por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, fue dado a conocer hoy en la sede de Santiago del Congreso Nacional. El documento contiene conclusiones y recomendaciones para modificar la ley, al tiempo que considera cambios para potenciar la institucionalidad vinculada a esta materia.

Variadas carencias y problemáticas fueron detectadas en la Ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), en la investigación que realizara el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados y cuyo informe final fue entregado hoy en una ceremonia especial realizada en la sede de Santiago del Congreso Nacional.

El documento fue dado a conocer por el presidente del Comité de Evaluación de la Ley, diputado Pablo Lorenzini (DC), quien estuvo acompañado por el Subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez; la directora Nacional del Sename, Marcela Labraña; y la jueza de garantía de San Bernardo, Magdalena Casanova.

El diputado Pablo Lorenzini destacó que se realizó un trabajo muy participativo con instituciones como Carabineros, Investigaciones, el Sename, la fiscalía y los jueces de garantía, que debe concretarse en una serie de mejoras a la ley vigente, donde el primer punto para ello son los recursos.

El parlamentario dijo que, en esa línea, se hace un llamado al Ministro de Hacienda, porque aquí hay un tema ciudadano, que no se trata solo de "la privación de libertad, que es un bien básico en la vida, sino también está la dignidad después, cómo prevenimos, cómo reinsertamos, los que son menores de los que son mayores", etc.

Añadió que se formulará una propuesta legal antes de fines de enero, que espera sea respaldada por el Ejecutivo, y respecto de los cuestionamientos por la alta reincidencia, el diputado Lorenzini señaló que se debe revisar la ley, pero que muchos no son partidarios solo de aumentar el tema punitivo, "sino trabajar en el preventivo y luego en la reinserción, dar la posibilidad que no sea solo reclusión sino recuperar a ese muchacho para la vida".

Sobre la opción de aumentar las penalidades para los adolescentes, insistió el legislador que lo "punitivo por lo punitivo no funciona" y que se tiene que acompañar de oportunidades previas de compensar con otro tipo de actividades. En esa línea, dijo que así como a veces se establecen salidas alternativas para delitos en los que se involucra a empresarios o políticos, si eso se hace con los que tienen poder, con los mayores, también, entonces, con los jóvenes se debiera intentar buscar prevenir que el delito vuelva a ocurrir. "Pero no es todo blanco o negro", enfatizó el diputado Lorenzini. 

Precisamente sobre el tema de funcionamiento del sistema y la reincidencia, la jueza Casanova señaló que, al menos en el caso de la Sala de Justicia Juvenil de San Bernardo -y cree que esto se repite a nivel nacional-, la reinicidencia es bastante alta, aunque, obviamente se ven casos donde la intervención ha dado resultados.

Uno de los prinicpales problemas que abordó la jueza es el caso de adolescentes que ven suspendidas sus sanciones, al cometer nuevos ilícitos, llegando incluso a casos de mayores de 18 años que son juzgados por nuevos delitos como adultos y que tras cumplir sus condenas deben retomar las sanciones pendientes que tienen en el sistema adolescente.

"Eso genera una dicotomía que el sistema aún no ha podido salvar", sostuvo la jueza de garantía, quien reconoció que la ley estableció un catálogo y criterio de sanciones que debe ser reformulado.

Contenido del Informe

El documento, que se encontrará a disposición de la ciudadanía desde esta tarde en el sitio web www.evaluaciondelaley.cl, presenta conclusiones y recomendaciones para modificar la ley y propone cambios para potenciar la institucionalidad vinculada a esta materia, por considerarla de alta relevancia para la correcta implementación de la normativa. 

El informe determina que, a ocho años de la vigencia de la ley, esta aún carece de un sistema de justicia juvenil especializado, debido -entre otros factores-a las precarias condiciones materiales, técnicas y humanas con las que cuentan los actores involucrados para la implementación de la norma.

Además, se observó que no se estaría cumpliendo la obligación legal de especialización de dichos actores, quedando esta materia a la voluntariedad y disponibilidad de recursos de las distintas instituciones. Así, se determinó que se sigue juzgando a los adolescentes con criterios de adultos.

Asimismo, se consignó la existencia de escasa coordinación entre los dispositivos judiciales, de salud y de intervención, así como una política de infancia y adolescencia incipiente que dificulta las posibilidades de desarrollar un abordaje sistémico e idóneo que garantice la reinserción social de los adolescentes infractores.

En materia de sanciones, se distinguió que existen multas y amonestaciones que no operan en función del objetivo de la ley, que es reinsertar a los jóvenes socialmente; y que los centros privativos de libertad se encuentran alejados de las ciudades, lo que hace imposible el cumplimiento de la sanción en régimen semicerrado, a donde van a pasar la noche.

El informe también determina las siguientes conclusiones: la reparación del daño, que es una buena instancia para responsabilizar a los adolescentes, no está siendo utilizada; los jóvenes conocen el sistema e incumplen la sanción de Servicio en Beneficio de la Comunidad para acceder a lo que ellos consideran como una firma mensual; faltan redes y compromisos de las instituciones para atender de manera efectiva a los adolescentes; falta especialización de los actores del sistema en temas psicosociales (Tribunales de Justicia, jueces, policías, entre otros); y necesidad de un sistema de especialización que aborde el problema de la justicia juvenil de forma integral.

La evaluación considera que, para que se cumpla el objetivo de la ley, se requiere de una sólida coordinación intersectorial, donde los servicios de salud, educación y formación laboral deban dar una atención oportuna y especializada para los adolescentes infractores de la ley.

Finalmente, sanciona que gran parte de la población que cumple sanciones por RPA es mayor de 18 años y que, hoy, la oferta programática está pensada principalmente para adolescentes y no se hace cargo de forma efectiva de las necesidades de los adultos que están bajo este régimen. 

Otros datos

El informe recuerda que la norma cuenta con cerca de ocho años de vigencia, siendo modificada por última vez el año 2011. Durante este periodo, acota el documento, tanto la sociedad como el sistema Procesal Penal experimentaron una serie de cambios que hicieron que esta Ley cumpliera con los requisitos para ser evaluada.

Se resaltó que durante los estudios realizados por este Departamento sobre la Ley 20.000, de Drogas, y la Ley 20.066, de Violencia Intrafamiliar, la Responsabilidad Penal Adolescente fue un tema recurrente entre los implementadores e instituciones entrevistadas, que manifestaron un alto interés en que fuese analizada.

El Departamento comunicó que, para la evaluación de la Ley de RPA, se realizó un total de 18 entrevistas a diversas instituciones implementadoras de la norma y expertos, entre los que destacan: Servicio Nacional de Menores (Sename), Ministerio de Justicia, jueces de Garantía de Santiago y Valparaíso, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, psicólogos, psiquiatras y juristas especialistas en adolescentes infractores de ley.

También se realizaron foros en las ciudades de Temuco y Santiago, los que contaron con la participación de representantes de organizaciones sociales colaboradoras de la red Sename, quienes ejecutan las sanciones en medio libre y parte de la oferta programática que el servicio entrega a los adolescentes infractores en los centros cerrados.

Como eje distintivo de la evaluación de leyes realizadas por la Cámara de Diputados de Chile, el Estudio de la Ley 20.084 tuvo como marco general el análisis del nivel de cumplimiento de los objetivos planteados en la norma y la detección de efectos no previstos por el legislador, además de conocer la percepción de la ciudadanía sobre la misma.




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