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Organizaciones llaman al Estado chileno a fortalecer acciones contra la Trata de Personas
Fecha: 30 de julio de 2019
Más recursos, articulación para la atención a víctimas y "ampliar la capacidad del sistema de justicia penal para identificar, investigar y procesar casos", fueron algunas de las urgencias que advirtió el Capítulo Chileno del Observatorio Latinoamericano y del Caribe sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata), en el marco de la conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas.

A través de una declaración, el capítulo chileno de ObservaLAtrata, integrado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ONG PAICABI y ONG RAICES, también advirtieron sobre la necesidad de "facilitar la promoción de oportunidades laborales efectivas y pertinentes para una real integración social, la protección y garantías para la restitución de sus derechos humanos" para las personas que han sido víctimas de trata de personas en nuestro país.


A continuación reproducimos íntegramente el comunicado:


El Observatorio Latinoamericano y del Caribe sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata) y su capítulo Chileno, en cumplimiento de su objetivo de promover la producción colectiva de conocimientos, el diálogo de saberes, la formación, y la incidencia social en torno a la trata de personas y el tráfico de migrantes, realiza el siguiente comunicado con motivo de conmemorarse este 30 de julio el día mundial contra la trata de personas, de acuerdo con la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013, que reconoce la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas y de promover y proteger sus derechos.

Nuestra finalidad como capítulo es motivar un espacio de reflexión, conversación y propuestas de mejoramiento de la situación de violencia extrema que sufren las víctimas de vulneraciones a sus derechos y libertades fundamentales.

Las actuales transformaciones de los patrones migratorios en Latinoamérica y El Caribe –que hoy recepta cada vez más flujos sur-sur, norte-sur, sur-norte- requieren de renovadas reflexiones sobre cómo la trata y tráfico son parte de este nuevo escenario migratorio. Queremos que, como sociedad civil, como ciudadanía activa y consciente asumamos este desafío de enfrentar entre todos y todas esta forma de esclavitud, desde diversas perspectivas: derechos humanos, género, generacional, movilidad humana, interculturalidad y acceso a la justicia. De esta forma, esperamos que se puedan visibilizar las diferentes modalidades y manifestaciones en que se presenta este fenómeno para su comprensión y el diseño de respuestas tempranas considerando sus causas históricas, estructurales, las políticas de prevención y la atención integral a las víctimas. Tenemos el pleno convencimiento de que no es posible avanzar en este proceso, si como comunidad no adherimos al cuestionamiento de las invisibilizadas nuevas temáticas vinculadas a la trata de personas y tráfico de migrantes, tales como su relación con los sistemas capitalistas de producción, las empresas multinacionales y las actividades extractivistas presentes en los países latinoamericanos y caribeños. También nos parece necesario poner atención en el actual régimen migratorio global y sus políticas restrictivas, selectivas y discriminatorias, y su impacto en el crecimiento de la migración irregular, insegura y violenta. Es importante, además, concientizar en como dichas políticas generan condiciones óptimas para la trata de personas, afectando principalmente a la población más pobre, sobre todo a mujeres, niños y niñas, jóvenes y migrantes internos e internacionales, todo ello ligado a la violencia estructural y economías informales y delictivas.

En este escenario global, es urgente reflexionar y comprender lo que sucede en Chile. La Ley Nº20.507 introdujo modificaciones en el Código Penal, definiendo los delitos del tráfico de migrante y de trata de personas, estableciendo penas y multas y considerando como agravante que las víctimas sean menores de edad. Desde la entrada en vigencia esta ley en 2011 y el 31 de diciembre de 2018, sobre el delito de Trata de Personas contemplado en el artículo 411 quáter del Código Penal, se han registrado 37 causas, un total de 228 víctimas en causas formalizadas; se han identificado 122 víctimas hombres, todos por trata laboral, que representan el 54% del total y 106 mujeres víctimas de trata, en su mayoría con fines de explotación sexual, lo que representan el 46%. De este total, se han identificado 16 víctimas niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, sabemos que en esta clase de actividades delictivas -a menudo articuladas con la comisión de otros delitos o amparadas en una suerte de normalidad- oculta una cifra negra de situaciones son detectadas, no denunciadas o que nunca llegan a formalizarse y que son responsabilidad del Estado, y también de diversas organizaciones y comunidades, el generar condiciones para su prevención y para el efectivo ejercicio de los DDHH. Es necesaria también considerar la intolerancia social frente toda forma de manipulación, explotación y abuso de poder sobre las personas independiente de su origen, género, edad, pensamiento o condición social.

Actualmente, en nuestro país se encuentra vigente el Plan de Acción contra la trata de personas diseñado por la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, donde participantes de este capítulo han sido testigos de los enormes desafíos en el abordaje de esta compleja problemática social .Esta instancia requiere contar con el apoyo decidido del Estado, con recursos económicos disponibles y capacidad de articulación para el apoyo integral  a las víctimas en su trayectoria completa de vida y a lo largo del territorio nacional, con singular atención en reparar el daño y restituir los derechos vulnerados. Actualmente existe una sola casa de acogida especializada en la temática del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de género (SERNAMEG), implementada en la Municipalidad de Recoleta. Además de estar en deuda con las víctimas reconocidas, lo estamos también con el proceso de identificación y protección de las personas  ya vulneradas, pero sin causas formalizadas, debemos considerar en el proceso de elaboración de políticas públicas la participación de las personas afectadas y la reflexión sobre los factores de riesgo que exponen a los niños, niñas, mujeres y a los migrantes a la trata de personas. Es importante ampliar la capacidad del sistema de justicia penal para identificar, investigar y procesar casos y facilitar la promoción de oportunidades laborales efectivas y pertinentes para una real integración social, la protección y garantías para la restitución de sus derechos humanos.

El compromiso y rol activo del Capitulo Chileno del ObservaLAtrata, consiste en colaborar con el Estado y las organizaciones sensibilizadas con la temática, en procurar la generación de espacios conjuntos con la academia y especialmente, construir alianzas para efectuar un levantamiento de información que contribuya a mejorar las acciones territoriales y contextualizar el déficit de la política pública, junto al desarrollo de acciones de reflexión y capacitación a las personas y organizaciones en las regiones donde el tema no ha sido lo suficientemente abordado desde la sociedad civil, potenciando la mirada de los Derechos Humanos y no sólo la de la seguridad pública.
Con la esperanza de que otro mundo es posible,     

ObservaLAtrata, Capítulo Chileno
30 julio 2019
Universidad Católica de la Santísima Concepción – ONG PAICABI – ONG RAICES




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